Este año destinará 560.000 euros a la convocatoria de ayudas dirigidas a grupos en riesgo de exclusión digital.

La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria destinará este año una partida de 560.000 euros a la concesión de ayudas para facilitar el acceso a la sociedad de la información entre colectivos en riesgo de exclusión digital, en concreto, autónomos, micropymes (hasta un máximo de nueve trabajadores) y asociaciones de mujeres, mayores y personas con discapacidad.

En concreto, la Consejería otorgará ayudas para la compra de equipos informáticos, tanto ordenadores personales como portátiles; los elementos de conectividad necesarios (servidores); software avanzado; la confección de páginas web; y también dispositivos GPS, en el caso de empresas privadas de transporte público.

Los potenciales beneficiarios deberán comprar los equipos en las empresas proveedoras adheridas al programa, que se identificarán con una pegatina. Los proveedores interesados en adherirse al programa pueden hacerlo hasta la fecha límite de presentación de las solicitudes de subvención. El pasado año se sumaron a la iniciativa 220 proveedores y se concedieron ayudas a 500 solicitantes.

Quienes se acojan a la convocatoria de ayudas, que alcanza ya su cuarta edición, podrán recibir hasta un 35 por ciento del gasto o un 50% si se trata de las asociaciones, calculado sobre un máximo de 1.200 euros (sin IVA) para el caso de los ordenadores, 1.800 euros para los servidores y 3.600 para las páginas web o software avanzado.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 23 de abril en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones (en la estación de autobuses) y una vez presentadas se valorarán de la forma habitual y se resolverá la convocatoria en un plazo máximo de cinco meses.

La Consejería ha puesto en marcha una campaña de difusión para dar a conocer la existencia de esta ayudas, de las que quedan excluidos varios sectores, como médicos, inmobiliarias, academias, comunidades de bienes, notarios, odontólogos, promotoras, constructoras, asesorías, consultoras y gestorías, que no se consideran colectivos en riesgo de exclusión digital.

Fuente Europapress